Tras un segundo día de movilización frente al Palacio de Justicia de Encarnación, los manifestantes trasladaron la medida de protesta hasta la sede de la Municipalidad de Jesús. La jueza Penal de Garantías Melissa Carlson se declaró incompetente en la causa y remitió el expediente a una unidad especializada de Asunción.
En la Cámara de Senadores, que preside el cartista Silvio Ovelar, dilatan el tratamiento del polémico proyecto de ley “Que modifica el artículo 67 del Código Penal Paraguayo”, más conocido como devolución premiada, presentado por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC). Si no se trata antes del 31 de mayo, tendrá sanción ficta este iniciativa que incentiva la corrupción y busca favorecer a los funcionarios públicos que se llevan a sus bolsillos el dinero de los contribuyentes.
Santiago Peña vetó el proyecto de ley sancionado por el Congreso que modifica dos artículos de la ley de “De Libre Acceso al Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”. El Ejecutivo objeta el “inciso g” del artículo 10 por inconstitucional. Alega que violenta el derecho a la intimidad y colisiona con el secreto estadístico del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El primer ministro del Japón, Fumio Kishida (66), llega hoy a Paraguay para una relevante visita oficial, donde prevé reunirse con el presidente Santiago Peña, empresarios y con la comunidad nikkei. El político y abogado nipón, en el cargo desde octubre de 2021, viene al país para realzar las históricas relaciones bilaterales.
Mientras el diputado cartista Derlis Rodríguez dice que los legisladores tienen impunidad absoluta ante la justicia y que “ningún parlamentario debe ser investigado desde el momento de su elección”, el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), dejó en manos de la mayoría cartista imponer un reglamento de mordaza a la prensa.
Los contratos que firma la Unops con la plata de la Itaipú Binacional, en los últimos 12 meses, ya superaron los US$ 27,5 millones, según consta en su portal. Las instituciones más beneficiadas con los acuerdos son el MAG, el Ministerio del Interior y las gobernaciones. Todas estas adjudicaciones se realizan casi sin control y puenteando a la Dirección Nacional de Contrataciones porque solo se consignan la empresa adjudicada y el monto.