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Los ciudadanos que utilizan el transporte público se exponen a todo tipo de peligros en las calles, esperando varias horas para abordar un bus y cuando suben viajan como animales amontonados. Mayor humillación es imposible. Allí están al acecho de los delincuentes. De noche, el peligro es mayor. Es el momento de que las autoridades se pongan los pantalones largos y solucionen este tema de las reguladas, que es criminal.
Estas reguladas son un chantaje de los empresarios para cobrar subsidio, inmerecido, por el pésimo servicio que ofrecen a los usuarios.
El viceministro de Transporte, Guido Benza, se hace sordo y ciego para no escuchar ni ver los reclamos de los usuarios que a diario son humillados por los empresarios del transporte. Si el responsable de poner orden no se siente capaz, debe renunciar.
El secretario de Estado no solo se hace del desentendido, sino que también es cómplice de este hecho. Es más, en varias ocasiones negó que haya regulada; sin embargo, en las calles los pasajeros esperan horas para llegar a destino.
También están pendientes las tarjetas para los estudiantes, otro tema que nunca se pudo normalizar, y los conductores no quieren alzar a los alumnos. Los empresarios y el Gobierno son igualmente responsables de este hecho, y es tiempo de poner orden y castigar a los responsables de esta criminal acción porque, de lo contrario, se irá agravando. El Gobierno ya no debe permitir el chantaje.
La mayoría de las empresas monopolizan el servicio en el departamento Central. Utilizan múltiples itinerarios, y no pueden cumplir con las frecuencias establecidas. Se debe terminar con el amiguismo o el “vai vai” y empezar a ser serios.
Las empresas Mcal. López, Línea 38, de la familia Jiménez; y Automotores Guaraní, Línea 15, de la familia Jure Yunis, acaparan los servicios. Estos empresarios hacen lo que quieren porque están metidos en la política o tienen amigos poderosos.