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La fiscala Belinda Bobadilla imputó a otras 20 personas más en el caso Brillante, que anuló en 2019 un esquema de cobro de coimas supuestamente dirigido por el Gral. (SR) Ramón Ernesto Benítez Amarilla, exjefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especial (Detave) y acusado, además de esperar que se destrabe la causa en la Corte Suprema de Justicia.
Entre los incoados están los funcionarios de Aduanas Juan Carlos Samudio Legal (41), quien era encargado del puesto móvil de Ciudad del Este; Hugo Mario González Ovelar (51); Rafael Portillo (67), encargado del puesto de control de Itapúa; Rafael Carlos Alberto Coronel Díaz (39); Saúl Daniel Alarcón Moline (42), funcionario del puesto de control de Vista Alegre; Ángel Enmanuel González Cáceres (37) cumplía funciones en el puesto de control de Tavapy; José Bautista Ramírez Vera (62) también realizaba actividades en Vista Alegre; Alberto Ledesma Sánchez (50); y Víctor Daniel Duarte Talavera (58).
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Los aduaneros de Vista Alegre estaban a cargo del acusado Óscar Samudio, exjefe de ese puesto.
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El esquema de coimas fue denunciado el 19 de marzo de 2019 por Emilio Fúster, entonces jefe de la Coordinación Ejecutiva de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando. La Fiscalía inició luego una pesquisa con interceptaciones de llamadas telefónicas autorizadas judicialmente, entre el 21 de marzo y el 28 de abril de 2019.
Mediante las escuchas se pudo determinar que los jefes de puestos de control reportaban la recaudación del día y coordinaban en códigos, mediante llamadas telefónicas, la entrega semanal de las mismas al general Ramón Benítez, en su propio domicilio ubicado sobre la avenida Madame Lynch entre César Pirovano y Punta Brava de Asunción.
Benítez fue detenido durante un allanamiento a su vivienda, donde fueron hallados US$ 1.500, el 26 de abril de 2019.
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Así hablaban de las recaudaciones
Mediante las intervenciones de las llamadas telefónicas, se pudo constatar que el aduanero Juan Samudio se comunicó el 29 de marzo de 2019 con Ramón Benítez, a fin de coordinar la entrega del dinero recaudado esa semana.
En ese entonces, el jefe de Control de Hernandarias, Baldomero Barrios (acusado), también habló con Benítez, quien le consultó cuánto dinero reunieron, a lo que Barrios le dijo que “diez informes”, haciendo alusión a la suma de G. 10 millones.
En ese tiempo, Benítez había pedido no hablar tanto de esas cuestiones por línea telefónica, porque no era segura.
El 18 de abril Samudio le avisó a Benítez que estaba por llegar a su casa para “dejar la chipa”, refiriéndose a G. 18 millones.
Por otra parte, Hugo González le había entregado “documentos” a Sergio Daniel Garay Lugo, secretario de Ramón Benítez. De hecho, Garay le avisó a su jefe de ello el 6 de abril de 2019.
El 12 de abril, González se comunicó con Benítez y este último le dijo que coordinara con Sergio Garay el tema de los “expedientes” y “actas” para corroborar. Ese día, le entregó al general G. 7.000.000.
El 17 de abril, el imputado José Lesme entregó US$ 2.500 a Ramón Benítez, por instrucciones del también acusado Fredi Gauto, que previamente le avisó que enviaba “los expedientes”.
El acusado Alberto Andriotti, por otra parte le llamó a Benítez, pero le atendió Jorge Céspedes, exguardia del general, quien le dijo que tenía un trabajo para él.
El 27 de marzo Andriotti logró hablar con Benítez y le dijo que tuvieron “un trabajito lindo” que describió como “lorito piré”, en alusión al color del plumaje del loro y en referencia al dólar americano. Luego le comunicó que obtuvo “milqui”, por US$ 1.500. Además le dijo que le enviaría a su hermano “con el mismo expediente de siempre”. El dinero recibido era anotado por Benítez en una agenda, con fecha y de dónde provenía.
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Senador habría pedido liberar carga
De acuerdo con las escuchas obtenidas por el Ministerio Público, pero en relación a los ya acusados Óscar René Samudio Vargas y Blas Roberto Cabañas, estos habrían intercedido para liberar una mercadería que fue retenida y pertenecía a un pariente del entonces senador Rodolfo Max Friedmann Alfaro (ANR), procesado en el caso conocido como “merienda escolar”.
Según consta en el escrito fiscal, Óscar Samudio dio aviso a Blas Cabañas que cayó en el Puesto de Control de Vista Alegre una mercancía perteneciente a un pariente de Friedmann.
Samudio le consultó en ese sentido a Cabañas si había forma de arreglar con un acta y devolver la mercadería, dado que se comunicó el secretario privado (de Friedmann) diciendo que era para un cumpleaños de su movimiento político.
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Sin embargo, Cabañas le propuso cambiar la mercadería incautada, pero le advirtió a Samudio que tenían que atender con las cámaras de Vista Alegre.
Posteriormente, siempre según el acta de imputación, Cabañas dio la instrucción de colocar las mercaderías consistentes en 25 botellas de bebidas alcohólicas, en bolsas negras ya que en ellas no se visualizaba su contenido.
Luego Samudio le dijo a Cabañas que le iba a pedir a “Javier”, por el ahora imputado Javier Acosta Lovera, para llevar a cabo el cambio de mercadería. Además, agregó Samudio que a Acosta lo acompañarían otros tres secretarios y un sujeto conocido como “Murdock”, que sería un funcionario de la Fiscalía de nombre Juan Ramón Gauto.
En otra comunicación, pero esta vez por mensaje de texto, Óscar Samudio le manifestó a Blas Cabañas que el senador Friedmann le agradeció por el favor que le hicieron.
Los funcionarios de Aduanas posteriormente liberaron el producto que había sido retenido, incluso sin que se labre acta alguna.
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Aduaneros esperaban una carga “brillante”
El funcionario aduanero e imputado Alberto Ledesma era el principal contacto de Porfirio Figueredo, quien estaba en el Puesto de Control de Yguazú, en Alto Paraná. De hecho ambos se vieron involucrados en un caso relacionado a un cargamento de contrabando de joyas, según las fuentes judiciales. El 26 de marzo de 2019, supuestamente Ledesma le avisó, por llamada telefónica, a Figueredo que tendría novedades de “ese brillante”, haciendo referencia a un supuesto cargamento de oro de contrabando, y pidiéndole que no filtre el dato. El 28 de marzo, nuevamente Ledesma le indica a Figueredo que al día siguiente llegaría la carga “brillante”, dentro de unas maletas, al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El cargamento llegó y supuestamente sus dueños, Miguel Ángel Quiroga Palacios y su esposa Inocencia Samudio, evadieron los controles pagando coimas, que no recibieron los integrantes del esquema de Benítez, por lo que estos planificaron una “escolta” para “sacar una tajada” hasta Yguazú donde lograron cobrar US$ 15.000 de coima.