Una denuncia direccionada y un curioso y revelador desliz

La segunda denuncia de la Conmebol fue presentada el 4 de febrero de este año bajo patrocinio del abogado Claudio Lovera, el mismo que defiende a Óscar González Daher y a su hijo Óscar González Chaves, y a partir de ella el Ministerio Público abrió el 25 de febrero una nueva causa por posible lavado de dinero, que quedó a cargo de los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.

Si bien es innominada, la denuncia alude a Banco Atlas, y a ningún otro, señalando que “ha surgido el conocimiento” de que en 2016 Nicolás Léoz formalizó con esta entidad dos fideicomisos, por 6,1 millones de dólares en total al cambio de la época, insinuando que ello podría configurar un acto de lavado de dinero.

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El banco afirma al respecto que estos fideicomisos, ambos de enero de 2016, fueron conformados con fondos trazables ya depositados con anterioridad, reportados a la Seprelad en el mismo momento en que se desató el escándalo del FIFA-gate, procedentes de actividades comerciales exclusivamente locales, sin transferencias del exterior, con cláusulas de excepción para el caso de que sean reclamados por la Justicia.

En contrapartida, la denuncia deliberadamente omite, por ejemplo, que al mismo tiempo Léoz constituyó varios otros fideicomisos en la plaza paraguaya por montos hasta cinco veces superiores, con la diferencia de que estos los realizó con fondos repatriados desde el exterior por él y su esposa después del FIFA-gate, provenientes, entre otros, de una off-shore que tenía la pareja en Bahamas. Como veremos a lo largo de esta serie, la Conmebol estaba en pleno conocimiento de estos movimientos financieros de su expresidente.

Curioso desliz

La primera y hasta ahora única declaración testifical que tomó la fiscalía en esta causa fue a la abogada Monserrat Jiménez Granda, asesora jurídica de la Conmebol, el 9 de abril de 2021. Ante la pregunta “Diga la compareciente todo cuanto sabe de la causa mencionada”, hace un relato no muy articulado, difícil de hilar y de encontrarle el sentido, con párrafos inconclusos y fuera de contexto, de la contratación de la empresa que hizo la auditoría de 2017 (Ernst & Young), de participación de abogados del estudio jurídico “Quinn Emanuel”, de gestiones para la realización de la citada auditoría, de la presentación de la primera denuncia (6 de junio de 2017) sobre los resultados de la misma, entre otros.

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Increíblemente, en medio del incongruente relato, en un acta oficial de declaración testifical, con membrete del Ministerio Público y firmada de puño y letra por la testigo y por los fiscales Liliana Alcaraz Recalde y Francisco Manuel Cabrera Sanabria, aparece entre paréntesis, textualmente: “(evaluar el tema de quién podría introducir la información sobre la falta de predisposición de Atlas, para mencionarlo)”.

Un poco más adelante, se narra que “(sic) Dentro de las investigaciones los Abogados Americanos solicitaron a varios bancos que informen sobre cuentas de la CONMEBOL o de depósitos que fueron realizados con fondos de la CONMEBOL”, y se añade punto seguido: “Atlas no respondió a este requerimiento”.

Una de dos. O los fiscales se prestaron para incitar a la testigo a intrigar o incriminar a una entidad financiera en particular, sin mencionar a ninguna otra, o firmaron sin siquiera leer una declaración ya hecha de antemano y traída de afuera, que evidentemente era un borrador incompleto que ni tuvieron el cuidado de hacer bien.

Dejamos constancia de que nos comunicamos con los fiscales Alcaraz y Cabrera y con la abogada Montserrat Jiménez para pedirles su explicación sobre este y otros hechos relacionados con esta causa. Cabrera respondió que avisarían para concertar una reunión y hasta el momento no lo han hecho. Jiménez hasta ahora no ha contestado. Quedamos abiertos a escuchar su versión y a publicarla fielmente cuando lo consideren pertinente.

El incidente con los abogados

Según aclaró Banco Atlas en un comunicado publicado el 8 y el 9 de agosto pasados en varios diarios de la Capital, su supuesta “falta de predisposición” se refiere a un incidente con el estudio jurídico privado Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, contratado por la Conmebol, que el 12 de agosto 2016 solicitó información privilegiada por correo electrónico. Le contestaron que la legislación paraguaya (Ley 861, “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”) prohíbe al banco proporcionar datos de sus clientes a terceros, salvo orden de autoridad competente.

La abogada Monserrat Jiménez señala en su “declaración testifical” que “Atlas no respondió al requerimiento”, pero no dice por qué, ni menciona qué bancos sí lo hicieron y bajo qué argumentos y condiciones. Los únicos que pudieron hacerlo legalmente, dado que el pedido provenía de la Conmebol, eran aquellos en donde esta era o había sido titular de cuentas, y aun en ese caso, solo podían informarles sobre el movimiento de esas cuentas en particular.

Cabe preguntarse, a propósito, por qué los auditores de Ernst & Young no pudieron, por ejemplo, identificar tipo y número de una cuenta que la Conmebol tenía en Banco Amambay durante el período de análisis, según la información contable de la institución (página 6 del informe final de la auditoría forense). ¿Se le consultó a Banco Amambay, tuvo “predisposición”? La abogada Jiménez tiene que responder esta pregunta.

Innecesarios allanamientos

Distinto habría sido si mediaba un simple oficio de la propia fiscalía o de otra autoridad facultada por la ley. Los bancos normalmente responden anualmente cientos y hasta miles de requerimientos de informes de la fiscalía sobre diversos casos sin ningún inconveniente, y están obligados a hacerlo. Sin embargo, el pasado 21 de abril los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, sin agotar una mínima instancia previa, con orden del juez José Delmás, innecesaria y aparatosamente allanaron las oficinas corporativas de Banco Atlas para obtener información y documentos que se les habría proporcionado con solo pedirlos.

No contentos con ello, el 13 de julio allanaron, también de manera injustificada, nada menos que la Superintendencia de Bancos para incautarse de informes remitidos por Banco Atlas a ese órgano supervisor.

A diferencia de los bancos, que se rigen por la Ley 861, que incluye a la fiscalía entre las autorizadas a solicitar información protegida por el secreto bancario, la Superintendencia se rige por la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay, la cual únicamente permite brindar información clasificada por disposición judicial.

Dos veces la fiscalía solicitó esos documentos y las dos veces la Superintendencia le respondió que se necesitaba la orden de un juez. Pero en vez de tramitar un pedido vía judicial, que era lo lógico y fácil, los fiscales Alcaraz y Cabrera obtuvieron del juez Humberto Otazú una orden de allanamiento, que sometió a un injusto e inútil bochorno a esa importante institución de la República, incluso con repercusión internacional.

¿Investigación o conspiración?

Toda esta sucesión de hechos hace pensar que hay una confabulación entre dirigentes, fiscales, jueces, abogados y algún sector político-económico solo para incriminar a Banco Atlas. Como señalamos ayer, no es secreto para nadie que Atlas forma parte del mismo grupo empresarial del conglomerado periodístico de ABC Color, por lo que no es difícil imaginar a quién en realidad buscan atacar, de quién quieren vengarse, y por qué.

No obstante, Banco Atlas, como cualquiera, debe responder a la Justicia y demostrar que tiene todo en regla, tal como asegura. Pero si realmente la Conmebol y la fiscalía quieren investigar a fondo el destino y posible lavado del dinero desviado por Nicolás Léoz, disponen de toda la información que necesitan. Si lo olvidaron, en esta serie les refrescaremos la memoria. Esperamos que sean igual de diligentes.

Mañana: no hay dos, sino al menos siete fideicomisos de Léoz en el sistema financiero

arivarola@abc.com.py