Diputado dice que tiene pruebas de pedido de coima en la Corte

El diputado Ramón Romero Roa (ANR, cartista) se ratificó ayer en la denuncia que realizó sobre el supuesto pedido de coima para acceder al registro notarial en el Poder Judicial. Le mencionó directamente al ministro de la Corte Suprema de Justicia Óscar Bajac como principal involucrado y cuestionó a la ministra Miryam Peña.

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El diputado Ramón Romero Roa (ANR) en la sesión ordinaria de ayer, desde su banca se ratificó en la denuncia de supuesto pedido de coima a escribanos para liberar el registro notarial para ejercer el trabajo.

“Yo dije que los hechos irregulares son atribuidos al ministro Miguel Bajac Albertini, y en esta oportunidad me quiero ratificar en esos términos, porque hay elementos suficientes que comprueban ese hecho irregular que denuncié y que constituye una aberración en todo este proceso de selección”, indicó.

Romero Roa cuestionó el comunicado público hecho por la ministra Miryam Peña, señalando que la misma se limitó a criticarlo por la denuncia que realizó y no se preocupó en investigar siquiera si el hecho era cierto. Posteriormente, alegó tener pruebas irrefutables de los supuestos pedidos de coima.

“Si la persona que denuncia te manifiesta con una actitud así inclusive de miedo, de que fue convocada y que se le había pedido un monto considerable que ella o él entregó ese monto y después en lo sucesivo, los emisarios autorizados por el ministro (Bajac) seguían insistiendo, es más teniendo la prueba de su aporte, comprobando ese aporte y esa extorsión, y se le devuelve inclusive documentando la extorsión, es una prueba irrefutable que no se trata solamente de una denuncia”, recalcó.

El diputado Romero Roa denunció el pasado 10 de mayo, que los ministros Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser y Miryam Peña, a través de intermediarios, requirieron coimas para otorgarles el registro notarial a varios escribanos atendiendo a que ellos son los responsables del 14º Concurso de Oposición para Notarios de la República del Paraguay y miembros del Tribunal Examinador. El parlamentario también dijo que las cifras pedidas iban desde US$ 40.000 hasta US$ 200.000.

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