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A los paraguayos nos sobran razones para la desconfianza en elecciones, pero ninguno de los negros y confirmados episodios en la historia de nuestro país justifica el llamado a la violencia, amenazas a las instituciones y mucho menos llamamientos a golpes de Estado o a arrasar con todo. Los procesos electorales –por ley y por conciencia cívica– exigen la participación y custodia de todos los sectores involucrados, antes, durante y después. Y deberá ser la férrea determinación y soberanía de la justicia electoral, a través de su máxima institución, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), garantizada en su autarquía administrativa y autonomía jurisdiccional por ley, el máximo responsable de hacer respetar la decisión tomada por el pueblo durante las elecciones con el apoyo de todos los poderes del Estado y la vigilancia del Ministerio Público. Por ley, la justicia electoral tiene en sus manos para adoptar en estos álgidos momentos todas las medidas que considere para asegurar la integridad de los resultados de las votaciones del domingo 30 de abril pasado.
Es cierto. Somos desconfiados porque la historia nos confirma que en Paraguay se ha traicionado anteriormente la voluntad popular, y tenemos la certeza de al menos uno de esos escándalos. Y no es porque lo sospechemos, sino porque los propios autores del robo de elecciones en 1992 a Luis María Argaña (+) lo han confesado.
El 8 de enero de 2008, el actual senador Juan Carlos Galaverna (ANR, hoy cartista) confesó a radio Ñandutí que había sido parte del fraude donde robaron las elecciones a sus propios correligionarios, la dupla Luis María Argaña – Juan Bautista Ybáñez, en las elecciones internas del 27 de diciembre de 1992. “Recordábamos lo de 1992, en que sí, soy parte de los responsables de esa estupidez que hicimos en la manipulación de los resultados electorales. Y asumo sus consecuencias morales, éticas y si hubiera alguna consecuencia de orden judicial, también estoy dispuesto a asumirlo”. La confesión hecha no tuvo consecuencia judicial alguna: el 22 de julio de ese año el juez penal de Garantías Óscar Delgado decidió desestimar la causa iniciada contra Galaverna tras revelar su participación en el fraude electoral. Delgado dijo aquella vez que la causa había prescripto a los dos años de haberse cometido, o sea, el 27 de diciembre de 1994, motivo por el cual ya no correspondía investigar el caso.
El escándalo del robo a los votantes colorados en diciembre de 1992 fue bochornoso. Las altas cifras obtenidas por Argaña hicieron que, sospechosamente, el conteo demorara semanas sin explicación alguna ante los reclamos a las autoridades electorales. Retardaron todo lo que pudieron la proclamación, y cuando lo hicieron, el resultado terminó siendo adverso a quienes se sospechaba eran los auténticos ganadores. Proclamaron ganadores a la dupla Juan Carlos Wasmosy – Ángel Roberto Seifart (+) en detrimento de Argaña - Ybáñez. Las sospechas de fraude, adulteración y manipulación de votos y actas electorales eran ya algo más que solo sospechas, pero siempre fueron rechazadas por los máximos dirigentes de la ANR hasta que las revelaciones del todavía hoy día senador Juan Carlos Galaverna llegaron, convenientemente tarde, 16 años después.
En julio de 2018 hubo otro escándalo menor que se suma a las razones que hoy día hacen que muchos compatriotas desconfíen de los procesos electorales. Aquella vez, el entonces jefe de Control de Calidad Informática del TSJE, Miguel Ángel Iturburu, fue grabado confesando que había manipulado carga de votos a favor, supuestamente, del oviedista Jorge Oviedo Matto. El funcionario público pedía dinero para supuestamente hacer cargas de votos para torcer candidaturas que necesitaran ayuda. En sus audios, el funcionario del TSJE llegó a salpicar también a los hermanos Lilian y Arnaldo Samaniego, a quienes dijo haber ayudado por montos menores y en concepto de “impresión de padrones”. En poder de Iturburu fue hallada entonces una camioneta –que todavía figuraba a nombre del Unace– sospechada de haber sido entregada en pago. En ese entonces, la ahora ex fiscala general del Estado Sandra Quiñónez nominó a los fiscales Liliana Alcaraz y Diego Zilbervarg para investigar las denuncias penales que, en aquel momento, fueron presentadas por la abogada Yolanda Paredes (esposa de Payo Cubas, electa hoy día senadora), las abogadas Liliana Boccia y Marlene Orué del PLRA y el propio Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Con esta breve antología de delitos electorales y robo a la voluntad popular del pueblo paraguayo en las urnas se puede comprender la alta desconfianza de la población en general y de algunos sectores políticos en particular. No obstante, el pasado de adulteración electoral no puede condenar a la violencia nuestro presente y mucho menos empeorar con la incertidumbre y las convulsiones políticas y sociales nuestro futuro.
Han pasado 31 años del robo a la voluntad popular de los colorados en su propia interna partidaria. Hoy día, los procesos siguen gozando de varias imperfecciones, todavía existen debilidades que deben ser subsanadas por inconciencia cívica, por el avivamiento criollo y por delincuentes electorales. Sin embargo, también hay que decir que hoy día hay más alternativas y herramientas tecnológicas para tutelar el proceso y custodiar la integridad del voto en procesos antes de las votaciones, durante ellas, al cierre y luego en el juzgamiento de las actas de todo el país.
Para evitar dudas y sospechas –entendibles por las experiencias pasadas– la justicia electoral está obligada a GARANTIZAR la transparencia y el control ciudadano hasta el último voto; es más, está compelida a permitir que quienes supervisan el voto popular echen mano de todas las herramientas permitidas por la ley en forma irrestricta. Y por supuesto, en esta auditoría ciudadana, no menos responsables son aquellos elegidos por los partidos y movimientos que participaron de la justa electoral, veedores, apoderados y mandantes en general que representan a sus corrientes políticas.
Paraguay ya no debe –ni puede– aguantar ningún desquicio ni tiranías más que las ya padecidas. Someter a presión a un órgano constitucional como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) está castigado con penas privativas de libertad de hasta diez años y en casos menos graves de hasta cinco años. Una larga noche de 35 años de dictadura debiera ponernos en la posición de ser intransigentes con la violencia y con las aventuras mesiánicas que ningún bien le hacen a nuestra República.
Es momento de estar atentos, vigilantes y ser custodios del voto popular. La experiencia nos obliga a ser extremadamente cautelosos, cuidadosos y férreos defensores de todo el proceso. Debemos demandar que se respete el proceso electoral, pero el TSJE debe garantizar la transparencia y que se llegue a la proclamación final de quienes legítimamente resultaren tener más votos tras el juzgamiento de las actas. En democracia, gana quien tiene más votos; en democracia, la voz del pueblo se escucha, se acepta y se respeta.