Cuatro titulares pasaron por Incoop desde que asumió Peña en agosto

Desde agosto pasado a la fecha, han pasado por la presidencia del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), cuatro personas. Uno fue removido al poco tiempo de asumir, y se designó un interino, otro fue electo en asamblea y renunció, y el último asume hoy como interino

El Incoop deberá convocar a una nueva asamblea para elegir otra terna de candidatos a ocupar la presidencia del órgano regulador de las cooperativas
El Incoop deberá convocar a una nueva asamblea para elegir otra terna de candidatos a ocupar la presidencia del órgano regulador de las cooperativasPedro Gonzalez

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El necesario fortalecimiento institucional del órgano regulador de las cooperativas, es uno de los temas en agenda de pendientes desde hace varios gobiernos, incluso fue mencionado en varios informes técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y recientemente el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Carlos Fernández Valdovinos también reconoció que es uno de los entes que requieren fortaleza.

Sin embargo, no se habían realizado tantos cambios en la titularidad de esta institución como se está dando en este gobierno. A poco tiempo de iniciar su mandato, el presidente de la República Santiago Peña destituyó sorpresivamente de la presidencia del Incoop a Pedro Loblein que estaba con mandato vigente en ese momento, y luego por decreto del Ejecutivo 437 del 28 de setiembre designó a Nilton Maidana (quien era miembro del consejo) como titular interino, que duró en el cargo solo tres meses, ya que en diciembre se realizó la asamblea nacional y pese a que Maidana quedó con la mayor cantidad de votos, el presidente Peña eligió al economista Blas Cristaldo para dirigir el ente regulador de las cooperativas por el periodo 2024-2027, según decreto presidencial 793 del 5 de enero de este año.

Sin embargo, a solo dos meses de haber asumido al cargo, el economista Blas Cristaldo, quien representa al sector productivo, decidió dar un paso al costado el pasado 21 de febrero de este año y presentó su renuncia a la titularidad del Incoop, alegando motivos personales. La institución quedó sin presidente por el lapso de un mes, hasta que el pasado jueves 21 de marzo se dio a conocer el decreto presidencial 1412 que designó un nuevo presidente interino para la institución.

Esta vez, la responsabilidad de dirigir por el momento la institución recayó en otro de los integrantes del Consejo de Administración, Carlos Romero Roa quien asume hoy al cargo. Romero representa al sector de las confederaciones, fue titular de la Cooperativa Universitaria hasta el año pasado.

Nueva asamblea

Sin embargo, el cargo solo es interino y para el cargo definitivo se deberá definir únicamente por asamblea, explicó el Ing Antonio Ortiz Guanes, ex titular del Incoop y actual gerente de Fecomult (Federación de Cooperativas Multiactivas).

Según detalló estos procedimientos están enmarcados en la propia ley del Incoop 2157/2003 que establece que para la presidencia definitiva se deberá nuevamente convocar a una asamblea nacional para elegir de vuelta una terna de candidatos, y de esa terna nuevamente el Ejecutivo deberá nombrar por decreto al nuevo presidente que terminará el mandato.

Guanes mencionó que esto no será tan fácil y rápido considerando la envergadura de este tipo de asambleas que son nacionales, ya que mueve a mucha gente, y se necesitará un presupuesto, por lo que estimó que puede pasar más de un año para que esto se de.

No obstante, indicó que confía en la gestión del Consejo de Administración electo recientemente en la asamblea que está integrado además por Fabia Cáceres (Ahorro y Crédito), Marta Méndez (Producción), María Vallena (demás tipos de cooperativas).

El fondo de garantía una gran deuda

Sin duda una de las mayores deudas del sector cooperativo con sus miles de asociados es una Ley que proteja los ahorros de este importante segmento del sistema. Se elevaron varios proyectos en administraciones anteriores; sin embargo, no se pudo avanzar, debido a los cuestionamientos por la fragilidad institucional que afronta el órgano regulador para supervisar a unas 1.000 entidades. En estos últimos años saltaron varios casos que dejaron en descubierto la debilidad en la supervisión.

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